Desde el 28 de febrero de 2015 mediante Real Decreto Ley se instaura en nuestro ordenamiento jurídico una de las leyes de mayor trascendencia en cuanto a la defensa del consumidor y empresario; la posibilidad de obtener el perdón de las deudas contraídas por personas físicas previa liquidación de todo su patrimonio. Con esta ley, que se regula a través de la actual Ley Concursal 22/2003 con la redacción del artículo 178 bis que regula los supuestos en los que se permite la remisión de la deuda y la ampliación de la aplicación del acuerdo extrajudicialmente, inicialmente solo aplicable a las personas físicas con condición de empresarios, a través de los artículos 232 y ss.

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Una ley que persigue la reinserción de todas las personas que por hechos sobrevenidos (pérdida de empleo, disminución dramática de los ingresos familiares, ejecuciones hipotecarias, empresarios avalistas con su patrimonio personal, etc) se encuentren en una situación de insolvencia difícilmente revertible sin un empezar de nuevo o una verdadera reestructuración de sus deudas ajustada a su actual situación económica.

Una ley que debe interpretarse como una oportunidad no solo para el deudor sino también para la sociedad, una sociedad que debe mantener a todos los ciudadanos dentro del sistema productivo, evitando el mal endémico de la economía sumergida y la destrucción de talento, porque no olvidemos que todos, en un momento determinado y bajo unas circunstancias especiales podemos llegar al infierno de la insolvencia por causas ajenas, en muchas ocasiones, a conductas reprochables (por ejemplo el yugo del aval personal que imponen las entidades financieras a los empresarios para que estos puedan acceder a la financiación de sus proyectos, o algo más sangrante: el aval de unos padres sobre la hipoteca de la vivienda de sus hijos, entre otros).

El talento, en una sociedad avanzada y moderna, debe mimarse y ofrecerle la confianza y seguridad necesaria para su desarrollo, asumiendo que no siempre el éxito viene de primeras y que no por ello debemos considerar que se ha fracasado; los grandes avances vienes precedidos en muchas ocasiones por intentos fallidos.

Desde Think it Legal, nuestro compromiso trasciende de lo meramente profesional organizando congresos y charlas, iniciativas con instituciones públicas, con el propósito de dar una mayor difusión del mecanismo de segunda oportunidad, que sigue después de dos años siendo un gran desconocido, no solo por la sociedad civil sino también por una gran parte de la abogacía.

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Insolvencias Empresarios

Los empresarios, a través del desarrollo de su talento y capacidad de emprendimiento son, sin duda, el motor para el desarrollo social, político y económico de nuestro país. Tenemos la obligación de ponerlos de nuevo en el circuito productivo. El fracaso es la única forma de evolución del ser humano. El riesgo del emprendimiento tiene que ir de la mano del beneficio de infinitas oportunidades. Desde Think it Legal apoyamos a todos aquellos empresarios que han visto como, de forma muchas veces injusta, su talento ha sido condenado a una cadena perpetua.

Desde Think it Legal ponemos en valor a todos los empresarios que han sufrido el embate de la insolvencia ayudándoles a la pronta recuperación y reinserción en el mundo empresarial.

Insolvencias Personas Físicas

La reinserción de las personas insolventes en la actividad económica de un país es absolutamente necesaria para evitar una sociedad que margine, no solo el desarrollo personal de los afectados sino también el crecimiento económico del país reduciendo en gran medida la economía sumergida a la que se ven obligados a trabajar muchas personas bajo el yugo de un embargo perpetuo.

La experiencia recogida en otros países que llevan décadas beneficiando a las personas insolvencias reflejan claramente un beneficio directo sociedad, beneficios como: disminución en el consumo de servicios psiquiátricos y fármacos para el trastorno mental con la consecuente reducción del gasto social, incorporación al sistema económico de sujetos productivos, aumento de la confianza del inversor internacional —seguridad jurídica—, incentivo para la mejora de la gestión del riesgo —crédito responsable—,etc.